En la contratación estatal suele pensarse que la evaluación es una operación casi mecánica: se revisan documentos, se asignan puntajes, se consolida un orden de elegibilidad y se recomienda una adjudicación. A mi modo de ver, esa lectura es incompleta. La evaluación de ofertas es una verdadera actividad de contrastación. El comité evaluador no crea las reglas del proceso, pero sí debe aplicarlas de manera rigurosa, coherente y objetiva. Allí se compara la oferta con la regla.

Tradicionalmente se ha entendido que el contrato estatal surge en el momento en que se perfecciona jurídicamente. Esa lectura es correcta desde el punto de vista formal. Pero, a mi modo de ver, resulta insuficiente para comprender lo que realmente ocurre en la contratación pública. Antes de la firma ya han sucedido muchas cosas. La Administración ha identificado una necesidad pública, ha valorado alternativas, ha definido un objeto contractual, ha estimado recursos, ha estruc

Con frecuencia se habla de los estudios previos, del análisis del sector, de la matriz de riesgos o de los pliegos de condiciones como si fueran simples documentos preparatorios. A mi modo de ver, esa lectura es insuficiente. En esos instrumentos no solo se deja constancia de información. Allí la Administración decide. Decide cómo entiende la necesidad pública. Decide qué objeto contractual resulta adecuado. Decide qué condiciones técnicas deben exigirse. Decide qué presupues

Cuando una entidad abre un proceso de selección, buena parte de la decisión contractual ya ha sido construida. A mi modo de ver, este punto es fundamental. La selección no aparece en el vacío. Llega después de una serie de definiciones previas: la necesidad pública, el objeto contractual, el presupuesto, los riesgos, los requisitos habilitantes, los factores de evaluación, las condiciones técnicas y las reglas de presentación de las ofertas. Por eso, el proceso de selección n